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El coronel Eymar un juez estrella del franquismo. Segunda parte

EYMAR(7)

 

Extracto

La dictadura franquista también tuvo “jueces estrella”, algunos militares como lo fue el Coronel Enrique Eymar Fernández que procesó a miles de ciudadanos -posteriormente condenados en consejos de guerra a muerte o a largas penas de cárcel, durante el periodo 1940 a 1963.

Sinopsis

Además de la instrucción de las causas, su papel y funciones fueron legitimar la impunidad por la  violencia practicada sistemáticamente contra los detenidos por los miembros de las brigadas político social y llegaron a tener sus despachos en el mismo edificio de la Dirección General de Seguridad, en el emblemático edificio de la Puerta del Sol.

Entre las innumerables recompensas militares y muestras oficiales  de agradecimiento que recibió el Coronel Eymar a lo largo de su intensa  carrera como juez instructor militar especial por los servicios prestados en la represión de la oposición política en los primeros diez años de la dictadura- aún le quedaban otros trece de intensa actividad- destacan  la concesión de las medallas de oro al Mérito Social Penitenciario por Orden Ministerial  de 17 de julio de 1946  suscrita por el Ministro de Justicia Fernández Cuesta (BOE  Núm.213 de 1 de agosto). Por la meritoria colaboración prestada a la obra penitenciaria que desarrolla la Dirección General de prisiones. Y la de de plata al Merito Policial por Orden de 19 de diciembre de 1949(BOE Núm.361 de 27 de diciembre)  por el de Gobernación Pérez González, en la que se resaltaba la cooperación por él prestada a la Policía Gubernativa había sido destacada debido a su espíritu patriótico celo y perseverancia.

Medallas de oro y de plata para el Coronel Eymar

No deja de ser paradójico que de la primera de esas medallas de oro  al Merito Penitenciario, no se hiciera eco en su día el periódico oficial REDENCIÓN, editado por la propia Dirección General de Prisiones en los propios talleres penitenciarios, que no le dedicó ni una simple gacetilla, lo que podría ser interpretado en clave del poco reconocimiento que le tenían los presos políticos que elaboraban y confeccionaban esa publicación.

ORDENES M MEDALLAS

La segunda medalla le fue impuesta el 1 de enero de 1950 en el salón de Canalejas de la Dirección General de Seguridad en la sede de la Puerta del Sol de Madrid con gran asistencia de las autoridades administrativas y policiales y por un numeroso y variado personal muy representativo del mundo político y cultural madrileño, como fueron el Director General de Cinematografía y Teatro García Espina, Alcalde de Madrid Moreno Torres- Conde de Santa María de Babio-, Teniente Alcalde Alonso de  Celis, Presidente de la Diputación , Marqués de Valdavia, Presidente de la Sociedad de Autores Maestro Guerrero, General Fidel de la Cuerda, el Delegado Nacional de Información Gumersindo García y nutridas representaciones de la Capitanía General de la Primera Región Militar.

De la Dirección y Cuerpos de la Policía se encontraban presentes el Secretario General Alfonso Romero Arcos, Comisarios Generales de Orden Publico y Político Social Justino Arenillas Caballero y  Lisardo Alvarez Pérez, , Jefe Superior de Policía de Madrid Pascual García Santandreu, Jefe de Información Teniente Coronel  Cores, Secretario Oficial de la Jefatura  Adriano Becerril , Jefe Superior de la Policía de Bilbao Caruncho , Director de la Escuela General  de la Policía  Herraiz, Jefes de Brigada (Criminal y Política Social )Poveda y Marcos, altos funcionarios del organismo y gran número de comisarios, Inspectores, Agentes de dependencias centrales, Secciones, Comisarías y Brigadas de Madrid.

También asistieron, según se decía en las crónicas, muchas y distinguidas damas, esposas e hijas de los funcionarios, empleadas de la DGS y familiares del homenajeado, uno de cuyos hijos era ya oficial del ejército.

De la importancia, significación y trascendencia mediática del acto dieron debida  cuenta al día siguiente todos los diarios de la capital, que le dedicaron espacios importantes,  en portadas y primeras páginas ilustradas con fotografías del acontecimiento, como acreditan los recortes que a continuación  se insertan. Al terminar y después de los parlamentos los asistentes fueron obsequiados con una copa de vino español, servido por el acreditado barman Chicote.

Además de la prensa diaria de la capital, apareció  publicada una amplia reseña del acto, bajo el título El primero de año en la Dirección General de Seguridad en el número 95, de enero de 1950 – de la Revista Policía- , del que entresacamos algunos pasajes de la intervención del Director General de Seguridad Francisco Rodriguez Martínez, quién manifestó…su satisfacción al repasar los Boletines de Información de 1949 ( editados por  la Brigada Político Social ) que sintetizaba la  labor realizada por Eymar y los éxitos logrados. Eficacia real que no puede  medirse ni ser valorada por meras cifras estadísticas…en la lucha contra los enemigos de la paz y del orden público hay un aspecto ostensible y espectacular …esta labor que empieza a partir del hecho delictivo consumado en el campo político- social parte del alerta de una comunicación sorprendida o de una presencia inopinada, se mantiene en la paciente observación de las relaciones y contactos, se prolonga en el estudio de los encadenamientos y acaba por fin en la desarticulación de todo el sistema de todo el aparato subversivo organizado .

Y continuaba más adelante, Con vuestro tenaz y perseverante esfuerzo habéis logrado desterrar la impunidad porque en el sentir general se ha llegado a la conclusión de que en España con esta Policía, cometer un delito puede ser cosa fácil, pero una vez cometido, el descubrimiento del autor es una letra girada a plazo no excesivamente largo, cuyo vencimiento se ha de producir irremediablemente…

La labor policial termina profesionalmente en el momento de la detención de los presuntos responsables que son entregados a la autoridad jurisdiccional encargada de enjuiciar y sancionar su conducta….esto resultaría estéril si el atestado fuera a parar … a la consideración de un Juez impasible, ausente y ajeno al servicio prestado, con lo que cada victoria conseguida en la lucha contra la delincuencia, se malograría después…resulta así el atestado policial cuando a sus manos llega es una pieza viva, porque antes ha tenido vida en su propio espíritu, con lo que la labor de instrucción después de una obra armónica en la que los hechos y las circunstancias…

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Coronel Eymar condecorado el 1 de enero de 1950 con la medalla  de Plata al Mérito Policial por el Director General de Seguridad  Francisco Rodriguez Martínez  ante  numerosos miembros de la Brigada Político Social y diversos representantes  de la vida política y cultural de Madrid.

 

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Sin lugar a duda cabe reconocer como Juez Estrella al Coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández, (Toledo, 18 de mayo de 1885, Madrid 21 de agosto de 1967) que se autocalificaba en sus múltiples resoluciones Caballero Mutilado por la Patria, ya que fue herido de guerra en Tetuán (Marruecos)1924 y declarado Inválido Total para el servicio en 1929; en 1931 prestó adhesión y acatamiento a la Republica, Azaña firmó su ascenso a Teniente Coronel y realizó funciones de Subdirector del Museo Histórico Militar y 2º Jefe del Cuerpo de Inválidos, por lo que fue procesado por las llamadas tropas nacionales en julio de 1939 y posteriormente sobreseído, lo que fue muy cuestionado, incluso ha llegado a sostenerse por haber formado parte de la quinta columna. Uno de sus hijos fue fusilado en noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama.

Razón de suficiente peso para que no se hubiese materializado su nombramiento en 1940 por el general Varela como Juez de prisioneros, después siguió realizando tareas y funciones instructoras de juez militar de diversos Juzgados Especiales, creados sucesivamente por la Jurisdicción de Guerra en la década de los cuarenta, con diferentes denominaciones, todos ellos con la finalidad de perseguir a los opositores políticos del régimen.

En noviembre de 1943 nombrado Juez Especial  de los delitos de espionaje  y comunismo. Franco le nombró por Decreto en febrero de 1958 Juez Especial Nacional de Actividades Extremistas y siguió teniendo jurisdicción competencia en todo el territorio nacional hasta la creación de la Jurisdicción de Orden Público en diciembre de 1963.

Comida y acto de fraternización con el Coronel Eymar

El 5 de enero de 1950 tuvo lugar, según relataba la Revista Policía en su número 96 de febrero de dicho año -un agasajo intimo al Coronel Juez especial de la Capitanía General de la Primera Región Enrique Eymar Fernández por los funcionarios más relacionados con su servicio, que no eran otros que los miembros de las diferentes Brigadas de la Policía  Política.

Consistió en un almuerzo-según  se decía en la antes referida nota y revista-para hacerle patente al gran juez, su absoluta adhesión y sincero afecto, en un ambiente de camaradería, propicio a la expansión de los más puros sentimientos vinculados a la unidad de un patriótico y común servicio.

Entre los asistentes figuraban el alcalde de Vallecas Alfonso Vázquez González, los Jefes de la Guardia Civil  Cano y Esteve, de las Brigadas de Investigación Criminal, Político Social y de Información Eugenio  Benito Poveda, Luis Marco y Francisco La Guardia, en representación del cuerpo de prisiones el Director del reformatorio de Ocaña Jerónimo Toca y un numeroso grupo de funcionarios policiales.

Pronunció el discurso Agustín Ripoll Urdapilleta, Comisario Principal, en el que destacó entre otros extremos la doble significación del personaje homenajeado Coronel Eymar, su carácter y condición militar, habiendo cumplido ejemplarmente sagrados deberes, en la actual función presta abnegadamente nuevo servicio a la Patria, que por ser defensa de todos los ciudadanos merece un distintivo a contemplar , reconocido por todos ellos…tras lo cual prendió la insignia de la Orden del Mérito Policial en la solapa- en esta ocasión con traje no militar- del Coronel Eymar.

Agradeció ese simbólico gesto el homenajeado con entusiastas palabras para la esforzada e inteligente cooperación que le prestaban los Cuerpos de Orden Publico y restantes servicios finalizando su parlamento con alegorías a bucólicas estampas campesinas…  Sois primero la semilla, que me la dais ya convertida en fruto; me limito a recoger la cosecha, que luego otros funcionarios beneméritos cuando sale de sus manos se encargan de que no se malogre y perfeccionan la obra, acondicionándola para que no sea devuelta a la circulación en punto de madurez e inocuidad… esta otra prueba de afecto que inspira más que con mis modestos merecimientos, lo ilusionado que estáis con vuestro cometido…

Y  el Comisario Jefe Eugenio Benito Poveda, quién reconoció… que en los estrechos contactos con el Coronel Eymar admiraba su clara intuición, experiencia y valor abnegado, que le han llevado en muchas ocasiones a colaborar personalmente en la práctica de arriesgados servicios con los funcionarios del Cuerpo General de la Policía… Con Jueces de este temple y corazón el entusiasmo se duplica, la vocación se fortalece y el servicio fructifica con el más esplendido de los resultados.

A requerimiento del propio  homenajeado y demás concurrentes al ágape tomó la palabra el Comisario Jefe de la Brigada Político Social  de Madrid Luis Marco, que trazó una muy entusiasta descripción del Coronel Eymar, de quién manifestó… que constituía el exponente más acabado del buen Juez en todos sus aspectos, prudencia, conocimiento, presencia de ánimo  y sobre todo una facultad insuperable de valoración objetiva de los elementos de juicio a ponderar  terminó su intervención  con una poesía alusiva al acto y otras próximas a publicarse que desgraciadamente no recogió la reseña.

Las causas instruidas por el Coronel Eymar desde 1940 a 1963

Desgraciadamente aún a pesar del tiempo transcurrido y la continua lucha de la entidades memorialistas y diversos trabajos de investigación-  no se ha podido conocer  hasta la fecha, la cuantificación total o número aproximado de consejos de guerra celebrados en todo el territorio nacional y su desglose en las ocho Regiones Militares existentes durante la Dictadura y tampoco las causas instruidas en la Primera por el siniestro Coronel Eymar durante todo su periplo como juez instructor y de las que acabaron con penas de muerte .

Me permito enumerar a continuación con carácter provisional una relación de procesados- necesariamente parcial- que pasaron por las manos justicieras del Coronel Eymar, destacando que en la mayoría de estas Causas eran colectivas,  también prácticamente en todas ellas se habrían aplicado torturas y malos tratos con los detenidos, muchos de estos procedimientos terminaron con condenas de pena de muerte ejecutadas : 1941, Saturnino Carod, Juan Senra ; 1942, Heriberto Quiñones;  1943, Jesús Carrera Olascoaga; 1944, María Salvo ,  Marcos Ana , Antonio Gil Asturiz,, Sixto González Agudo, Melquisiadez Rodriguez Chaos, Soledad Real;  1945, Santiago Alvarez, Mercedes Gómez Otero, Arriola, Cuesta, Vitini, Carlos Elvira, Gonzalo Castelló, Jesús Monzón; 1946, Cristino García, Ángel Vizcaya Carreño: 1947, Paco El Catalán, Manuel García Peco,  Nicolás Sánchez Albornoz, Pablo Pintado, Ezequiel San José López, Luisa González Barahona, Fuensanta Becerro Jiménez; 1948, Fernando Nacarino Alcalá, Aquilino Calvo Sánchez, Gregorio Ortiz Ricoll ; 1949, Antonio Iglesias; 1951, Gregorio López Raimundo; 1952,  José María Laso Prieto, Juan A. González Ventura, 1954, Esperanza Martínez; 1956, Javier Pradera;  1957,  Vicente Rojo; 1958, Manuel García Otones, Luis Martin Santos, Manuel Gil, Enrique Múgica, Carlos Alvarez Cruz, Javier Muguerza, Pedro Patiño Toledo ; 1959, Julio Cerón , Horacio Fernández Inguanzo, Tomás Llorens, Julio Marín, Simón Sánchez Montero, José Herrero Meredit, Manolo López, José Ramón Recalde; 1960 Miguel Núñez, Ángel Rozas, Ramón Urdiales, Gregorio Ortiz Ricoll, Javier Solana: 1961, Elías Zafra Viola, Juan Molinero Rivadigo ; 1962, Eliseo Bayo, Luis Gómez Llorente, José Baylos, Francisco Ruano Viedma, Fernández Cesáreo, Pedro Patiño Toledo, Antonio Jiménez Pericas; 1963 , Julian Grimau García, Francisco Granado y Joaquín Delgado.

 

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La causa 140.189 y la sentencia condenatoria del 12 de diciembre de 1947 contra Nicolás Sánchez Albornoz y otros trece universitarios militantes de la FUE

Jóvenes de diversas facultades madrileñas reorganizaron en Madrid a finales del 1945 y principios del siguiente la FUE  (Federación Universitaria   Estudiantil), que se fundó bajo la dictadura de Primo de Rivera y que luego se reconstituyó  con la pretensión de luchar y oponerse al SEU (Sindicato Español Universitario) falangista y único permitido por el régimen. Además del trabajo político-sindical dentro de las facultades realizaron  propagandas diversas, pintadas en fachadas con solución de nitratos de plata visibles al salir el sol e incluso idearon un sofisticado sistema para el reparto de octavillas a través de un mecanismo aplicado a cohetes de feria.

Catorce de ellos fueron detenidos-doce universitarios y dos universitarias-  entre el 17 de marzo y  el 12 abril de 1947  por miembros de la Brigada Político Social, entre los que se encontraba el ya entonces  conocido Roberto Conesa,  permanecieron en la Dirección General de Seguridad periodos superiores a diez días puestos a disposición del Juez Militar Instructor Coronel Eymar, que tenía  despacho en la propia DGS.

Personaje descentrado psicológicamente y  vengativo, tal y como  Nicolás Sánchez Albornoz,  lo califica en sus Memorias y quién además tuvo la graciosa ocurrencia de anunciarles  a los procesados que los enviaba a Alcalá de Henares para que comiesen “almendras garrapiñadas” (un producto típico de dicha localidad madrileña ).

Eymar les procesó por Rebelión Militar y dictó su ingresó en las prisiones de Ventas para las dos  chicas y Alcalá de Henares para el resto, sometidos a un procedimiento Sumarísimo y condenados por dicho delito en  un Consejo de Guerra Extraordinario de Oficiales Generales-ya que entre los detenidos había un oficial alférez de complemento-  a diversas penas, en la Sentencia de 12 diciembre de 1947 y de la que se han cumplido setenta años.

Nicolás Sánchez Albornoz y Albina Pérez Fernández dos protagonistas y testigos de esta historia.

Hoy tenemos la inmensa  suerte, a pesar de ese largo periodo de tiempo transcurrido de que sigan entre nosotros   dos supervivientes de ese grupo de pioneros luchadores demócratas universitarios Nicolás Sánchez Albornoz (Madrid 1926) y Albina Pérez Fernández ( León 1925) que  se han ganado el derecho junto al resto de los doce  ya  fallecidos , todos ellos de unos  perfiles y calidades personales, profesionales y políticas extraordinarias, que merecerían un trabajo completo y exhaustivo de sus vivencias y experiencias por ser  verdaderos protagonistas en la  extensa red de opositores represaliados del franquismo, que siguieron luchando y combatiendo desde diversas frentes por la recuperación de la democracia.

Fueron además,  los precursores de la FUDE (Federación Universitaria  Democrática Española) que se constituyó de nuevo a finales de 1961 y que fue protagonista de las luchas y movilizaciones en las principales universidades españolas a partir de esas fechas  hasta  conseguir la desaparición del SEU y el nacimiento de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes en el final de la dictadura franquista.

 

ALBINA Y NICOLAS

Las fotos de Albina tomadas de la portada de la  Revista Resistencia, Memoria de los Resistencia Antifranquistas de León, Nº 6 y 7, diciembre del 2006  y la de Nicolás  en una entrevista de Juan Cruz en el Diario EL PAÍS del 22 de noviembre de 2010.

 

Vulneraciones de la propia legalidad franquista.

Tanto en las detenciones , procedimiento seguido y en esa sentencia se vulneraron diversas normas del propio ordenamiento jurídico vigente en la dictadura, que intentaremos resaltar, además  del carácter indiciario que tiene el número 140.189 asignado a la Causa, para hacer una valoración provisional cuantitativa de represión llevada a cabo mediante consejos de guerra celebrados a partir de abril de 1939.

Convocatoria, celebración y sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales  en la Causa 140.189 el 12 de diciembre de 1947.

 

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La Orden de 4 de diciembre de 1947 de  la Secretaria de Justicia de la Primera Sección del Estado Mayor de la Capitanía General de la Primera Región –anteriormente reproducida- por la que convocaba la celebración del Consejo de Guerra el 12 de dicho mes y año, para ver y fallar la Causa 140.189, instruida contra el alférez  Oscar Kriales Castrillo y quince más- eran catorce los procesados-por la que se daba a conocer la composición y graduación de los cinco miembros del Consejo de Guerra, presididos por el general de división  Luis Redondo García, Vocales, el general de brigada  Teodomiro González Antonini, coroneles Jorge Vigón y Suero Díaz y  José Gutiérrez Calderón Miranda, Vocal Ponente, coronel auditor Antonio Izquierdo Coart.

Además del error material de consignar mal los procesados en esa causa que fueron catorce y no diez y seis, infringía lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 763 del Código de Justicia Militar, al haberse omitido determinadas referencias, que tenían su razón de ser, en el teórico carácter público de la vista, que establecía la obligación de hacer constar en la Orden de celebración y convocatoria del Consejo de Guerra , la condición, empleo y destino del procesado militar, el delito perseguido, el día y hora en que haya de tener lugar el concejo  y la relación de los designados para formarlo,  del Fiscal y el Defensor, con expresión de sus nombres, empleo y destino.

El delito imputado era de Rebelión Militar-por asimilación-, el alférez  ya había cumplido su periodo como oficial  de complemento del ejército y los nombres omitidos  del fiscal  fueron del comandante Alfonso García Valdecasas – no se dispone de información  válida para asegurar que correspondiese con el que fue catedrático de derecho civil, fundador de la Falange  y primer director del Instituto de Estudios Políticos- y del defensor militar, teniente coronel de Infantería destinado en la Guardia Civil Luis Ayuso Sánchez.

Una de las cientos de miles de sentencias injustas dictadas en los consejos de guerra franquistas.

Las sentencias de cualquier procedimiento y jurisdicción, mucho más cuando se trata de de incriminar conductas que se entienden que fueron voluntariamente culposas, que llevan aparejadas  penas de  prisión con privación de libertad han de reunir unas mínimas formalidades y exigencias procesales, como  las que,  diferencien con claridad las diversas partes de su estructura,  el encabezamiento, los resultandos de hechos probados ,   los considerandos con los razonamientos jurídicos y doctrinas  aplicables  y los consiguientes pronunciamientos del  fallo-condenatorio o absolutorio- que en el presente supuesto, no se siguieron, tal y como se establecía y contemplaban los artículos 786 a 807 del Código de Justicia Militar.

Una  de las  más que significativas en la redacción original de la sentencia,  era la omisión en el mismo encabezamiento de los nombres y empleos de los cinco miembros del Consejo de Guerra, también faltaban, como queda dicho los nombres y empleos del fiscal y defensor, norma consuetudinaria hasta entonces respetada, también en base al principio de publicidad de las actuaciones judiciales,  para saber y conocer que autoridades- militares en este caso-en  representación  del Estado, al cual  consideraban  injuriado,   celebrado el juicio y dictado la correspondiente sentencia condenatoria.

Se omitía también en ese encabezamiento los días en los que fueron detenidos y los que permanecieron en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, dato fundamental para probar, que la Brigada Político Social y el Juez Instructor Eymar se burlaron y violaron los dispuesto en el  Art. 18 del Fuero de los Españoles, que establecía que  las detenciones gubernativas no podrían superar las setenta y dos horas. Tampoco se consignaba y concretaba  como era preceptivo los  periodos de prisión provisional que cada uno de ellos había sufrido, a los debidos efectos del cómputo total del cumplimiento de las penas impuestas en la sentencia.

En la relación de resultandos que se redactaron individualizados para cada uno de los catorce procesados, más que   hechos probados eran simple transcripción  del Informe y versión  fáctica realizada por la  Policía  Política Social, dándosele plena  y absoluta validez , como solía ser práctica habitual , al igual que del Informe Previo del Juez Instructor Coronel Eymar. Se recomienda la lectura completa de los resultandos primero a catorce para comprobar  que el relato material  contenido de los mismos tiene  impronta policial.

Resultaría llamativo hoy día , que todo un aparato judicial militar de un Estado tuviese que enjuiciar conductas políticas pacificas de un grupo de jóvenes universitario,  la monstruosidad y desmesura de las penas solicitadas por hechos que no tenían entidad  delictiva criminal alguna y eran simples manifestaciones de protesta dentro del recinto y en instalaciones de la ciudad  universitaria y el montaje con toda la parafernalia consiguiente de un consejo de guerra de oficiales generales.

Concurrió en el procedimiento y Causa 140.189, que hubo un inicial escrito de acusación  de 26 de julio de 1946 firmado por el Coronel Fiscal Jefe en el que tras exponer como introducción, que la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) y La Unión Libre de Intelectuales Libres (UIL) eran-debían considerarse- como organizaciones filiales del partido comunista clandestino español  y  los hechos que entendía  habían incurrido los procesados calificándolos de delito de rebelión  del Art. 1º, párrafo primero de la Ley de la Jefatura del Estado de 2 de marzo de 1943- Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público(sic) Interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, Ejército o Autoridades comprendido a efectos de sanción en el  Art. 289 del Código Justicia Militar, ley de 17 de julio de 1945 por lo que se pedía la pena de ocho años de prisión mayor con las accesorias legales….para cada uno de los procesados.

El día anterior a la celebración del Consejo de Guerra les visitó en la prisión  por primera vez  el defensor teniente coronel  Luis Ayuso Sánchez Molero, comunicándoles que la petición fiscal inicial había sido individualizada y modificada a la baja para todos ellos, manifestándoles que los jueces se inclinaban por la indulgencia y les exhortó a que se comportasen correctamente en el acto de la vista, llegando incluso a vaticinar que habría alguna libertad inmediata para alguno.

Esas predicciones no se cumplieron y cuando se le notificó la Sentencia vieron con sorpresa y estupefacción que las penas impuestas se habían doblado e incluso triplicado en algunos casos, como es de apreciar en el siguiente Cuadro, transcrito  del libro Cárceles y Exilios, de Nicolás Sánchez Albornoz, Edit. Anagrama. Madrid 2012, obra de necesaria consulta para conocer y tener una visión de uno de aquellos  primeros universitarios luchadores contra el franquismo y sus instituciones, que afortunadamente sigue con nosotros con más de noventa años manteniendo una asombrosa lucidez y memoria.

 

PENAS SOLICITADAS E IMPUESTAS

 

Hubiese sido obligación legal y moral del Consejo de Guerra, primero por parte del fiscal que asumió la acusación en el acto de la vista   explicitar y razonar el porqué  de esa modificación a la baja de las penas  inicialmente solicitadas de ocho años y en segundo lugar, la Sala debería haberse también pronunciado en la misma sentencia sobre tal importante extremo y las razones que le habían llevado , contrariando la tesis del fiscal a elevar las solicitadas por él en las conclusiones provisionales, salvando una simple referencia en el  considerando quince… que el fiscal solicitó para todos penas de prisión en diversos grados.

Se añadía en el mismo apartado… y por la Defensa benevolencia y una sentencia absolutoria, por no existir intención delictiva y teniéndose en cuenta los antecedentes morales y religiosos de los procesados.

Habría que haberle aclarado a dicho militar obligado a realizar tareas  de defensa no propias de su condición profesional, que la benevolencia  según el DRALE  es una cualidad de simpatía y buena voluntad hacia las personas, actitud, que como  se demostró en el acto del juicio y en la sentencia condenatoria, de la que  carecían  los miembros de ese Consejo de Guerra de Oficiales Generales.

El papel y función  de los defensores militares, ante los Consejos de Guerra  salvo honradas y muy concretas excepciones, eran puramente formalista y protocolaria para cubrir las apariencias de una supuesta legalidad,  llegándose incluso en ciertas ocasiones,  a realizar las de abogado acusador o segundo fiscal.  Las referencias a los principios de  moralidad y religiosos de sus defendidos resultaban  fuera de lugar,  totalmente extemporáneas y con casi total seguridad, no habría sido autorizada por los propios afectados.

Véase la comunicación a unas Jornadas de Barcelona con el título Las supuestas defensas en los Consejos de Guerra  sumarísimos del franquismo, que necesita una nueva reelaboración y puesta al día.

Por último, respecto  al fondo de la cuestión fundamental de los hechos imputados en la acusación, para la Sala de Oficiales  Generales sentenciadores, al igual que para la Brigada Político Social, del Juez Instructor Eymar y de los diversos fiscales , quedaron tipificados en el primer considerando en los siguientes términos…ya que la finalidad propuesta y conseguida  por los procesados fue la de propagar noticias falsas, tendenciosas, injuriosas, así como asistir a reuniones, ,adquirir fondos y en suma procurar por todos los medios a su alcance causar trastornos de orden público interior, con la acostumbrada propaganda exterior perjudicial para el buen nombre de nuestra Patria, los que a juicio de los sentenciadores les hacía acreedores del total de los  cincuenta y cuatro años de prisión impuestos a  los catorce procesados , justificando así en el texto de la sentencia, las penas más altas  de ocho años por haber sido oficial  del ejército republicano -José Luis Rubio Chamorro- y la del alférez Oscar Kriales Castrillo, al haber olvidado, según se decía en la sentencia el prestigio de su uniforme y las enseñanzas recibidas en los cursos preparatorios para adquirir tal empleo.

La aplicación a todos ellos de la Ley de 2 de marzo de 1943– anteriormente referenciada-, por la que se equiparaban al delito de rebelión militar las transgresiones del orden jurídico que tuviesen una manifiesta repercusión en la vida pública…, cuando ya se encontraba vigente el Código Penal, Texto Refundido de 1944 promulgado por decreto de 23 de diciembre de  de 1944 en el que se contemplaban tipificaciones más acordes con la escasa o nula entidad de los hechos encausados y con penas mucho más benignas, lo que  ponen de manifiesto, que el régimen y dictadura de Franco y la llamada Justicia Castrense que monopolizaba todavía en aquellas fechas  de 1947 la represión política no estaba dispuesta a ceder lo más mínimo, en el desarrollo dentro de los ámbitos universitarios de mayores cuotas de libertad y de opinión, ya que eran conscientes, como ocurrió a partir de mediados de los sesenta, con la desaparición del SEU y su férreo control sobre los universitarios , comenzaría el principio del fin de la dictadura.

La presidencia del Consejo de Guerra del General de División Luis Redondo García.

De este general del ejército de Franco, hay una referencia expresa en el capítulo quinto (Remisión del proyecto de ley-de creación de la Jurisdicción Especial  de Orden Público- a las Cortes: Comisión Especial), Pags. 252 a 318 de la tesis académica El Tribunal de Orden Público -TOP- trece años de represión política.

Consta que cuando se iba a constituir en Las Cortes esa Comisión Especial para  dictaminar el proyecto de Ley remitido por el Gobierno, el entonces Ministro del Ejército general Martin Alonso recomendó por escrito al Presidente de las Cortes –Iturmendi-para que pudieran participar en la misma, una serie de Procuradores , que tenían esa doble funcionalidad además de ser militares en activo también tenían esa condición, entre los que estaban Rafael García Valiño, Manuel Fernández Marín, Luis Redondo García y le acompañaban en la relación  propuesta , Antonio Pérez Cobos, Carlos Asensio Cabanillas, Miguel Rodríguez Martínez, Enrique Amado del Campo, Raimundo Fernández Cuesta,, Francisco Fernández Longoria, Miguel Vizcaíno Márquez, Rafael Díaz Llanos y Ángel Rivas Guadilla, de los doce, dos fueron designados para la ponencia y ocho lo fueron para la Comisión.

De dicho grupo de militares-procuradores tuvieron una participación directa en el crimen de estado de Julián Grimau, Rafael  García Valiño, entonces capitán General de la Primera Región Militar, que dio el plácet a la condena de pena de muerte, el falso comandante Fernández Martín, quién no tenia la carrera de derecho, que actuó de Vocal Ponente y Amado del campo, fiscal militar en dicho procedimiento, para mayor información pueden ser consultados los capítulos III, IV y V de la tesis académica anteriormente referenciada.

Se da la curiosa coincidencia y paradoja que el general Redondo García, también fue  uno de los  miembros Vocales en el Consejo de Guerra de Oficiales Generales que juzgó al falso Manuel Fernández Martín.

El perfil biográfico de Luis Redondo García tal y como apareció en la página 354 de la antes referida  tesis académica se reproduce a continuación, así como la necrológica que publicó el ABC de Sevilla de dicho general.

PERFIL LUIS REDONDO GARCIA

OBITUARIO LUIS REDONDO(2)

 

La necesidad de cuantificar la represión política a través de los consejos de guerra celebrados en toda España.

Si en principio resulta muy problemática calcular el número total de las víctimas sepultadas en las fosas y cunetas de este país, no debería serlo, el que de forma oficial sus responsables políticos y administrativos-incluidas claro está  las correspondientes  máximas autoridades militares- nos dijeran y detallaran el número total de los Consejos de Guerra que se celebraron a partir del 1º de abril de 1939 en todo el territorio nacional.

Al ser el ejército español, una  institución fundamental para implementar tras finalizada la guerra civil esa llamada justicia, que siguió siendo de  guerra hasta primeros de 1964 y excepcional hasta la misma muerte de Franco, dado el carácter legalista y  reglamentista que siempre se auto atribuyó , esos veinte y cinco años en los que era obligatoria y preceptiva según el anterior Código de Justicia Militar vigente hasta 1945- art. 690- y   a partir de esa fecha en  el nuevo CJM los artículos 986 a 988 para todas las autoridades judiciales militares de los ejércitos de tierra, mar y aire, se elaborasen las correspondientes estadísticas anuales con el total de causas instruidas y celebradas, así como las incidencias habidas en las mismas, para su debida tramitación y elaboración de un Informe Anual por la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar.

 

El coronel Eymar ya tiene quien le escriba. Primera Parte

Probablemente cuando Gabriel García Márquez escribió en París  en enero de 1957 El Coronel no tiene quien le escriba, versión de Alianza Cien, Madrid 1993, habría ya conocido por sí mismo o a través de cualquier otra  fuente, la historia real del personaje llamado Coronel Aureliano Buendía, que le sirviera de base y soporte a uno de sus más logrados relatos de ficción.

Para narrar  en varios y sucesivos entregas de este blog lo que fue la extensa y activa  vida de un militar español que personalizó durante veinte y cuatro años, desde 1940 a 1964,  lo peor de la represión de la  dictadura franquista  el conocido como Coronel Eymar, entiendo  no será necesaria esa característica tan propia de un fabulador prodigioso-la imaginación- como lo fue la del Nobel colombiano.

Pienso por el contrario que para construir el perfil biográfico de tan singular personaje será más que suficiente la de un simple investigador, calificación profesional que me atribuyo en la actualidad, que se limitase a ordenar  y clasificar el más que abundante rastro documental del material que originó este tan principal protagonista de la represión política de nuestro país…

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Enrique Eymar  Fernández, nació en Toledo el 14 de mayo de 1885 en el seno de  una familia de militares, su padre y abuelo paterno lo fueron Juan Eymar (1806) y Juan Eymar Cuadrado (1866) llegando ambos al generalato, así como dos de sus hermanos  y falleció en Madrid el 21 de agosto de 1967.

Su Hoja de Servicios  se encuentra en el Archivo General Militar de Segovia, donde están las referidas  a los oficiales, jefes y generales ya que llegó a ostentar la categoría de General de Brigada de Infantería Honorífico y el expediente completo figura en una carpeta donde se hace constar Ejército de Tierra, Arma (o Cuerpo), Dirección General de Mutilados (Sección del Extinguido Cuerpo de Inválidos).

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Dicho reconocimiento al Coronel Enrique Eymar Fernández, Caballero Mutilado por la Patria, del empleo honorifico de General de Brigada de Infantería Honorifico otorgado por Franco en febrero de 1964- cuando ya se había aprobado la Ley de 3 de diciembre de 1963 de  creación de la Jurisdicción Especial de Orden Publico-, fué puramente simbólica, ya que en realidad , desde el 11 de octubre de 1952, por Orden de Muñoz Grande, entonces Ministro del Ejército, publicado en el Diario Oficial  del 14 de octubre de 1952 se le concedió el sueldo de General de Brigada por reunir las condiciones del artículo 3º del Reglamento del extinguido Cuerpo de Inválidos Militares de 5 de abril de 1933.

Por un Decreto de 30 de marzo de 1964 se derogaba otro anterior de 24 de enero de  1958, por el que Franco nombraba al Coronel Eymar Juez militar especial con jurisdicción en todo el territorio nacional para la tramitación de todos los procedimientos judiciales derivados de actuaciones extremistas.

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Los  servicios efectivos que figuran en su expediente hasta el momento de su muerte son de 64 años, 10 meses y 13 días a los que hay que sumar  los 7 años y  8 días de abonos por servicios extraordinarios que dan un total 71 años, 10 meses y 21 días.

Hay que resaltar que teniendo el grado de capitán y como consecuencia de las heridas producidas  en la espina ilíaca por bala del enemigo el 23 de septiembre de 1924 en Ben Karrich (Tetuán) fue declarado inútil total para el servicio, al padecer contractura de aducción del miembro inferior izquierdo por un Tribunal Médico Militar, lo que motivó en 1925 su ascenso a comandante por méritos de Guerra y  posterior ingreso tras el correspondiente de propuesta al Ministro del Ejército en el Cuerpo de Inválidos Militares en mayo de 1929.

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Propuesta de Resolución de 18 de mayo de 1929

Tras la proclamación de la República en 1931  y en cumplimiento del Decreto de 22 de abril (Gaceta Nº 113) prometió por su honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas. En 1932 el Presidente Azaña  firmó su ascenso al grado de Teniente Coronel, ocupando los cargos del Segundo Jefe del Cuerpo de Inválidos y de Subdirector del Museo del Ejército.

Desde mis tiempos de estudiante de la Facultad de Derecho de Madrid, en el curso 1962/1963 que me trasladé desde la de Granada y durante toda la época de militancia en el PCE que llegó hasta 1987, el nombre y la memoria  del Coronel Eymar estuvo siempre asociado en primer lugar con la detención, torturas, posterior procesamiento, condena a muerte  y ejecución por fusilamiento del dirigente comunista Julian Grimau García y con todo lo relativo a la represión posterior a la guerra civil llevada a efecto por la jurisdicción militar a través de cientos de miles de consejos de guerra.

De forma y manera que desde que comencé a investigar y documentarme – a mediados de los ochenta-para realizar la tesis doctoral sobre El Tribunal de Orden Público-TOP-1963-1977.Trece años de represión políticaque fue leída en la Facultad de Derecho de Sevilla el 27 de noviembre de 1997 , han sido muchas y  en variadas ocasiones, las que me he  referido a dicho personaje,  comenzando por el capítulo III de la misma, con el titulo La singular incidencia del caso Grimau.

La posterior publicación El TOP, La represión de la libertad (1963-1977),  Planeta, octubre del 2001-edición retirada del mercado por dicha editorial en febrero del 2002-, ocuparon los capítulos II El Caso Grimau, un factor determinante y III  El crimen de Estado en la gestación del TOP.

Al Congreso celebrado en Barcelona a finales del 2002, organizados por la Universidad  Autónoma de dicha ciudad y el Centro de Estudios sobre la Época Franquista y Democrática (CEFID) Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, cuyas Actas fueron publicadas y editadas en el 2003 por Crítica, presenté una comunicación con el título Enrique Eymar un juez militar especial para los prisioneros políticos españoles (1940-1964).

NICOLAS SANCHEZ ALBORNOZ

Juanjo del Águila junto a Nicolás Sánchez Albornoz en una de sus intervenciones  en el Congreso de Barcelona, octubre del 2002 Sobre Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo. Fotógrafo Pep Parer.

Fue precisamente en dicha comunicación donde se publicitó por primera véz, que el  23  de mayo de 1939 se dictó por el Juzgado Militar de Jefes y Oficiales Nº 8 de los de Madrid, en la Causa Nº 856 Auto de procesamiento contra el entonces Teniente  Coronel Enrique Eymar Fernández  por el delito de negligencia, ya que al iniciarse  en España el Glorioso Movimiento Nacional, fundado en el patriótico e imperativo deber se salvarla, se hallaba en la plaza de Madrid en situación de activo y lejos de prestar su colaboración a la causa de la verdadera España, prestó  adhesión y acatamiento al régimen rojo, sirviendo a sus órdenes y actuando en el cometido de 2º Jefe del Cuerpo de Inválidos y Subdirector del Museo Histórico Militar.

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Auto de procesamiento del teniente coronel Enrique Eymar de 23 de mayo de 1939

También resultó ser cierto que dicho procesamiento fue revocado posteriormente el 14 de julio de 1939 por la propuesta  de la Auditoria del Ejército de Ocupación y firmado por el General M. Ponte , que estimaron las alegaciones de descargo de  Enrique Eymar , de que fue desposeído de los puestos de Segundo jefe del Cuerpo de Inválidos y Subdirector del Museo Histórico por el Comité  designado y ser  considerado fascista desafecto a los rojos y un hijo suyo fue  víctima de los mismos y asesinado.

El 23 de  octubre de 1940 el General Varela firma su ascenso a  Coronel (Diario Oficial  Nº 241) y el 5 de noviembre  de ese mismo año es nombrado por el Capitán General de 1ª Región Juez de prisioneros del Juzgado permanente, tal y como literalmente  consta  en las anotaciones de su hoja de servicios del antes referido año.

En 1941 por Orden de 8 de mayo (Diario Oficial Nº64) se le destina como Juez (militar) de la 1ª Región y a partir del mismo y en sucesivos se mantiene en el cuerpo y destino, hasta el 24 de enero 1952 que Franco por Decreto le nombra Juez Militar Especial con jurisdicción en todo el territorio nacional para la tramitación  de los procedimientos judiciales derivados  de las actuaciones extremistas recientemente descubiertas.

En  noviembre del 2003 en el V Encuentro de Investigadores del Franquismo, celebrado en Albacete, presenté comunicación El Código de Justicia Militar de 1945 y las funciones de los jueces instructores militares.

Al VI Encuentro de Investigadores  del Franquismo que tuvo lugar en Zaragoza en noviembre del 2006 llevé la comunicación Las Medallas del Coronel Eymar.

El II Coloquio Internacional del Memorial Democratic de Barcelona que se celebró el 11 de junio del 2010, leí Los atestados policiales y las actuaciones del juez instructor militar especial Coronel Enrique Eymar (1940-1964).

La Causa 57.634 José Hierro y la Jurisdicción de Guerra del Franquismo artículo publicado en Ferrol Análisis, Revista de Pensamiento y Cultura , Nº 27 correspondiente a 2012.

En el polémico y discutido Diccionario Biográfico Español, Tomo XVIII, el perfil de Eymar Fernández Enrique, Coronel Eymar. Madrid 2013.

La represión política a través de la Jurisdicción de Guerra y sucesivas Jurisdicciones Especiales, capítulo de la obra colectiva  Sin respeto por la Historia. Una biografía de Franco manipulada, coordinada por Ángel Viñas. Edición Digital Hispania Nova de Historia Contemporánea de la Universidad Pública Carlos III, Nº 1 Extraordinario del 2015.

Los trabajos anteriormente referenciados con sus respectivos enlaces sobre el Coronel Eymar,  publicados todos ellos pueden y deben servir a los posibles y  amables lectores de referencia para acercarse a la vida de tan siniestro personaje, sobre el que subsisten demasiadas incógnitas e interrogantes.

¿Por qué un oficial militar del cuerpo de infantería declarado inválido total para el servicio en el año 1929, por lo que ingresa en el Cuerpo de Inválidos del Ejército y que permaneció en Madrid durante toda  la contienda aparentemente afecto a la II  República, es nombrado once años más tarde como Juez Militar Especial instructor de causas y procedimientos  contra  los opositores republicanos  vencidos y los que siguieron oponiéndose políticamente  al nuevo Régimen?

¿Porque  no se tuvo en cuenta para una posible incompatibilidad en el ejercicio de esa función jurisdiccional, el hecho de que un hijo suyo hubiese sido asesinado en los inicios de la guerra civil?

¿Por qué la Causa Nº 856 instruida contra el entonces Teniente Coronel Enrique Eymar Fernández en mayo del año 1939 desapareció materialmente del Archivo Militar del Primera Región Militar, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya tomado medida alguna  por dicho anómalo acontecimiento?

Continuará próximamente con dos nuevos capítulos: La Causa 140.189 y la Sentencia condenatoria del 12 de diciembre de 1947 contra Nicolás Sánchez Albornoz y otros trece universitarios militantes de la FUE y El Coronel Eymar, un juez estrella del franquismo.

No todo vale para reconstruir la memoria y la historia de hace cuarenta años

Una entrevista grabada hace cinco meses que duró una media hora y en la que se abordaron diversas cuestiones relacionadas con el TOP (Tribunal de Orden Público, que junto a los dos Juzgados de Orden Publico,  órganos de  represión política-penal de la última Jurisdicción Especial del  Franquismo) se vio reducida a una frase de  veinte y siete segundos en el programa ¿Dónde estabas entonces…? emitido por la cadena de TV LA SEXTA el jueves 16 de noviembre del 2017 a las 22.30H.

 

A mediados del  mes de mayo me  contactó por teléfono la periodista  Doña Fátima González Donado, en nombre de la cadena de TV LA SEXTA y manifestó el deseo de realizar una entrevista como abogado experto  del TOP para un documental sobre el año 1977 que se emitiría en octubre de 2017.

Le respondí que en principio aceptaba la propuesta y a continuación le pregunté si conocía el libro  publicado en octubre  del 2001  cuyo origen era la tesis académica leída por mí  en noviembre de 1997, EL TOP, La Represión de la libertad (1963-1977), como su respuesta fuese negativa le indiqué, que entendía era una condición indispensable su consulta y además, al estar el libro descatalogado le indiqué algunas bibliotecas públicas universitarias donde podrían encontrarlo y una vez lo hubieran localizado y se hubiesen documentado me volviesen a llamar.

Así fue, el 12 de  junio telefoneó para confirmar que tenía en su poder un ejemplar de la obra y que deseaba realizar la entrevista, a ser posible dentro del Palacio de las Salesas, sede actual del Tribunal Supremo. Como quiera que, no consiguieran la pertinente autorización para ello, decidieron realizarla en el Bar Supremo, lugar donde era y sigue siendo frecuente la presencia  de los abogados con sus clientes, y  la de magistrados, fiscales y personal del Consejo General del Poder Judicial, por ser colindante del mismo.

Le contesté que me remitiese un correo indicando confirmación de la entrevista, para cuando seria emitida y sucintamente los temas que pensaban tratar. Así lo hicieron para el 13 de junio a las 18 horas, concretando las materias que serian objeto de la entrevista.

 

En el Bar Supremo, día y hora indicado tuvo lugar la grabación, para la que llevé unas notas en fichas manuscritas muy sintéticas como guión para las respuestas a los siete temas concretados en el correo, la entrevista realizada directamente por la periodista antes referenciada y a la que asistieron  otras tres personas, la operadora de cámara y dos técnicos, una de sonido y otra que hacía las veces de directora-productora responsable de la filmación.

Con los lógicos preparativos la entrevista no llegó a durar treinta minutos y salí de la misma descontento y desconcertado por la forma un tanto agresiva -muy en el estilo de la presentadora Ana Pastor- en que se desarrolló la misma y por las continuas recomendaciones que respondiera como si no hubiese previamente unas preguntas.

Al volver a casa y hacer una valoración y análisis de dicha entrevista llegué la conclusión, de que prácticamente por las preguntas realizadas en la misma no se habían enterado de lo que fue realmente el origen y funcionamiento  Tribunal de Orden Publico y tampoco se habían aproximado, al contenido del correo que les envié el día anterior, informándole de que podrían consultar para determinados aspectos personales, profesionales y políticos relacionados con el TOP, en el blog justiciaydictadura.wordpress.com.

Entre otras razones, porque no sólo había sido defensor de 42 procesados por el TOP, sino también lo fui yo y condenado en dos ocasiones una primera en 1969 por propaganda ilegal a un año de prisión por dicho Tribunal y otra en 1972 de un mes por la Audiencia Provincial de Madrid a consecuencia de una actuación profesional de defensa de dos trabajadoras ante el TOP, penas ambas que cumplí en diversas prisiones y además de ser el autor de una tesis en 1997 y posterior publicación en el año 2001 sobre esa última Jurisdicción Especial represiva del franquismo y numerosos artículos, comunicaciones y ponencias sobre la misma.

 

Por  la prensa me enteré de que el capítulo primero de la serie ¿Dónde estabas entonces…? Se emitiría el jueves 16 de noviembre a las 22.30H.

Entrevista realizada el 13 de junio del 2017 en la barra del Bar Supremo para programa TV Sexta ¿Dónde estabas entonces…?

El programa tuvo una duración total de 1hora, 7 minutos  y 37 segundos- sin contar los correspondientes cortes publicitarios- y en él se tocaron diversos temas, Tras finalizar la referencia a la Ley 46/1977, de 15 de octubre de  Amnistía (http://bit.ly/2A1c6Ti) resaltando que la misma había afectado no sólo a los perseguidos por el franquismo sino a los delitos cometidos por los   funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en dicha ley.

Fue a partir del minuto 54,27 cuando una voz en off anunció con una foto fija de la fachada del Tribunal Supremo y sobre impresionado TOP (TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO), uno de los órganos más represivos del franquismo.

Para inmediatamente y a continuación apareció una toma de la entrevista en el Bar Supremo con el título impreso Juan José del Águila Abogado Defensor de presos políticos, en la que manifestaba literalmente : El Tribunal de Orden Publico era por decirlo así, un tribunal de represión política y hacía valer su papel que jugaba en la represión política…

A esos 27 escasos segundos con tan profunda y nada novedosa interpretación del TOP por mi parte quedó reducida  la entrevista de cerca de media hora que mantuve en su día.

Mi sorpresa y estupefacción fue enorme  cuando al día siguiente pude volver a visionar el programa, escuchar…Por fin desaparece el TOP-Tribunal de orden Publico, que permitió torturas salvajes  y además ver los titulares que la propia cadena había colgado en la red.

Creo que cuando menos el programa televisivo, en lo que se refiere al TOP  adoleció entre otros de una errónea y equivocada visión de enfoque inicial  la de no saber  o no querer diferenciar, entre las torturas y los malos tratos que habitualmente se producían y sufrían los detenidos  en las sedes de la Brigada Político Social- Dirección General de Seguridad y Comisarias de Policías Provinciales- y en los cuarteles de la Guardia Civil y el ominoso silencio que impusieron los tres sucesivos magistrados Presidentes del TOP (Enrique Amat Casado, jurídico-militar en la Guerra Civil y en la posguerra, , José Hijas Palacios, ex miembro de una Comisión Incautadora en la posguerra  y José F. Mateu Canoves, ex divisionario de la División Azul) para que en  las defensas de los abogados de procesados en esa Jurisdicción  no pudiéramos mencionar ni referenciar en los juicios  nada relativo a esos malos tratos.

Ninguna de las 3.891  sentencias dictadas por el TOP durante los doce años de su funcionamiento (marzo de 1964 a diciembre de 1976) de los 22.260 procedimientos incoados y 50.609 ciudadanos  afectados-  recogió la existencia de torturas y malos tratos. (Datos del  cuadro Nº 18, pág. 237  en el capitulo escrito por el autor de este blog La represión política a través de la jurisdicción de guerra y sucesivas jurisdicciones especiales del franquismo, del  Número Extraordinario 1 de la Revista Digital Hispania Nova de Historia Contemporánea de la UP Carlos III, coordinado por Ángel Viñas, con el titulo Sin Respeto por la Historia, una Biografía de Franco manipulada

 (https://e-revistas.uc3m.es/index.php/HISPNOV/issue/view/448)

Dos abogados de los muchos que lo intentaron Eduardo Cierco y Carlos García Valdés fueron procesados, el primero condenado por el TOP en Sentencia de 10 de noviembre de 1965 a un año de prisión-el fiscal había solicitado nueve años-, por haber remitido en mayo de ese mismo año, cartas al Arzobispo de Madrid , a la Nunciatura Apostólica y a varios corresponsales de prensa extranjera acreditados en Madrid, denunciando malos tratos dados por la policía a unos defendidos suyos ante el TOP mientras se encontraban en los calabozos de la DGS .

En el segundo caso Carlos García Valdés- que a finales de 1976 sería nombrado Director General de Instituciones Penitenciarias, en la defensa de un estudiante de Ciencias Políticas Santiago Carballo Quiroga, detenido por la Brigada Político Social el 27 de enero de 1971 y que permaneció en los calabozos de la DGS, donde sufrió malos tratos hasta el  19 de febrero-al estar vigente en dichas fechas  un Estado de Excepción, fue procesado a primeros de marzo por el JOP por asociación ilícita y propaganda ilegal y a mediados de mayo le fue concedida la libertad provisional y sin embargo continuó en prisión de Carabanchel a disposición  de la BPS. Carlos Valdés denunció estas irregularidades a la Fiscalía del Tribunal Supremo y al Ministro de Justicia. En el acto del juicio oral ante el TOP, su último presidente Mateu Canoves se negó aceptar por considerarlas impertinentes más de veinte preguntas relacionadas con los malos tratos sufridos por su cliente durante los veinte y cuatro días que permaneció detenido en la DGS. Carlos García Valdés  dirigiéndose a la Sala del TOP dijo…Situaciones como esta…son incompatibles con un estado al que vosotros llamáis de Derecho y yo no, porque dudo que lo sea….y añadió más tarde, cada pregunta que habéis declarado impertinente pueden ser grados de impunidad que añadir a lo que ocurre en los calabozos de la policía…y para acabar diciendo, el tiempo que dedicáis a la represión del delito político es tiempo que sustraéis a la represión del delito común….

Estas frases fueron consideradas por el TOP como un desacato y un ultraje a la nación española por lo que dedujo testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo que formuló querella que correspondió al  Juez de Orden Publico Jaime Mariscal de Gante…(para  ambos testimonios y mas información consultar El TOP, La represión de la libertad (1963-1977), Págs.337 y stes. y el texto de la tesis doctoral El Tribunal de Orden Publico-TOP- 1963/1977, trece años de represión política. Tomo 1, Capitulo IX, Valoración, cuestionamiento y extinción de la Jurisdicción de Orden Publico,Pags.480-519. (https://www.dropbox.com/s/8jybn24vpd3yn8k/TESIS%20TOMO%201.pdf?dl=0)

Conclusiones

De carácter personal e intransferible, como no es la primera vez que me ocurre, cuando me convoquen para una entrevista ya sea en radio o en alguna de las TV existentes en este país llamado España deberé imponer condiciones y exigir, como medida previa para acceder a realizarla, la obligación de que me muestren lo que piensan utilizar del material rodado o grabado antes de la definitiva publicación o emisión del programa.

En segundo lugar ser consciente, que para determinados periodistas o medios de difusión lo prioritario que pretenden, no es el rigor y la seriedad,  el  acercarse a la verdad de las noticias que cuentan, sino los titulares llamativos como serian, los de este caso:

Detenciones e interrogatorios salvajes: así funcionaba el TOP, uno de los organismos más represivos del franquismo que desapareció en 1977…muchos condenados por el TOP cuentan las terribles torturas que sufrían en unos interrogatorios “estúpidos”.

Lo que significa una forma espuria y torticera de no contar lo realmente ocurrido, el franquismo y las diversas formas de las múltiples  represiones que  se ejercieron durante cuarenta años no necesitan de estos “voceros escandalosos y manipuladores de las noticias y de la Historia”.

En tercer y último lugar, perdieron la oportunidad de preguntar ¿Donde estaba  yo el 24 de enero de 1977…? En esa trágica noche, a las 21.40 me encontraba en el portal de Atocha 55 y cuando me disponía a subir por las escaleras para recoger a dos compañeros un  abogado y un procurador –Manolo Camacho Marín y Jesús Alfaro Matos- que personalmente yo les había citado a una reunión del frente profesional de la Agrupación de abogados del PCE, desconociendo que allí habían quedado los compañeros que se dedicaban al asesoramiento del movimiento ciudadano y de barrios,  en ese preciso momento bajaban los dos y nos dirigimos al despacho de Atocha 49.

Cuando aún no habíamos comenzado la reunión que serian aproximadamente las 22.00 H empezamos a escuchar sirenas y pensamos que sería otra vez la policía, pues allí mismo nos habían detenido un día de San Isidro de 1975, pero cuando nos asomamos al balcón vimos que eran ambulancias que estaba paradas en el portal de Atocha 55, después de intentar comunicarnos por teléfono con ese despacho, instintivamente salimos corriendo en dicha dirección y cuando llegamos al portal pregunté a un grupo de personas que allí estaban ¿ Qué había ocurrido..? Uno de los allí presentes con un tono chulo y descarado contestó “Nada que un grupo de abogados se han matado entre ellos.”

 

¿Fue alguna vez el régimen franquista un Estado de Derecho…? Tercera y última parte

Las referencias al Estado de Derecho por algunos de los Ministros de Franco desde 1962 al 1973.

Laureano López Rodó en su libro de Memorias afirmaba en diversos apartados, que el Estado de Derecho en España  comenzó a construirse a partir de enero de 1957, fecha en la que entraron varios Ministros del Opus Dei en el Gobierno y él se hizo cargo de la Secretaria General Técnica de la Subsecretaria de Presidencia “El Gobierno se propone intensificar el dialogo con el pueblo a través de las instituciones ya creadas, a las que procurará imprimir una mayor vitalidad. Asimismo completará el cuadro de instituciones jurídicas y políticas propias de un Estado de Derecho.”

El 15 de julio de 1962, Camilo Alonso Vega, Ministro de la Gobernación, proclamaba la superioridad de la democracia orgánica española, ya que un “régimen será tanto más democrático y tendrá mayor legitimidad según los buenos servicios rendidos al pueblo, según sus esfuerzos y resultados para lograr un orden justo, un Estado de Derecho.”

Manuel Fraga Iribarne, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 3 de mayo de 1963, en cuya Acta Oficial se daba cuenta “Que el Consejo había acordado remitir  un proyecto de ley por el que se creaba el Juzgado y tribunal de Orden Público”, entregó un comunicado oficial a los asistentes, en el que, por supuesto se obviaban todas las anomalías e irregularidades  cometidas en la tramitación y paralización  del anteproyecto de ley de creación de la Jurisdicción Especial de Orden Público, con la finalidad expresa de ejecutar la condena a muerte de Julián Grimau y en donde se “Expresaba la convicción del Gobierno de que la nueva disposición era una importantísima ley adoptada para perfeccionar el Estado de Derecho en España y desarrollar los Principios del Movimiento y Fuero de los Españoles.”

Carrero Blanco en un discurso pronunciado el 21 de octubre de 1970 ante el Pleno de las Cortes “La libertad política no consiste en hacer lo que cada cual se le antoje. En un  Estado de Derecho, es decir, en una nación donde las leyes, la libertad no puede consistir más que en poder hacer lo que es lícito y en no verse obligado hacer lo que no se debe.”

Tomás Garicano Goñi, siendo ministro de la Gobernación pronunció un discurso ante  el pleno de las Cortes, el 20 de julio de 1971, con motivo de sustanciales modificaciones introducidas  la Ley de Orden de Público de 1959, endureciendo aún más sus preceptos coercitivos y limitadores de derechos y libertades fundamentales, elevando las cuantías del máximo de las multas gubernativas por infracciones de Orden Público, elevando también en la duración del arresto sustitutorio hasta dos meses por impago de multas y la exigencia para poder recurrirlas de  la constitución del depósito íntegro  de su importe,   en el que entre otros párrafos se decía …No quiero desaprovechar esta oportunidad …para formular ante esta Cámara, algunas precisiones referentes a la relación que siempre ha de existir entre el mantenimiento de Orden Público y el Estado de Derecho, en que nuestro país se haya constituido…El Estado de Derecho no puede nunca interpretarse como una tutela ilimitada de los derechos individuales, sino que estos, habrán siempre de ejercitarse en forma que no ataquen o vulneren los legítimos y fundamentales derechos que asisten a los demás y a nuestra propia Comunidad, entre los que se encuentran el mantenimiento del Orden Público y la pacífica convivencia de quienes integran el pueblo español.

Las referencias  al Estado de Derecho en las sentencias del Tribunal Supremo.

Decía Manuel Alvaro Dueñas, el Bando de Guerra se mantuvo en vigor durante largo doce años, significativamente nueve de ellos terminado la contienda, hasta su derogación de facto en 1948, por un Decreto de la Presidencia, al considerarse restablecido lo que el régimen entendía un Estado de Derecho, al que ya hemos hecho mención.

Y es a partir de esa fecha,  la Jurisprudencia del Tribunal Supremo rectifica el criterio en el sentido de que ya no está vigente el Bando del  Estado de Guerra, derogado por declaración expresa del Decreto de Presidencia de 7 de abril de 1948, así lo recogen las sentencias de 15 de diciembre de 1949, del 23 de febrero y del 24 de abril de 1950.

José Castán Tobeñas,  desde 1933 magistrado del TS, durante la República continuó y en la guerra civil se trasladó como miembro de tan alta institución a Valencia y Barcelona. Sometido a Consejo de Guerra tras finalizar la contienda salió absuelto y fue depurado, reincorporándose en 1940. (Un día en la vida de José Castán Tobeñas, de Antonio Serrano González,  Tirant Lo Blanch, Universitat de Valencia, 2001).

Presidente del Tribunal Supremo-desde el 12 de septiembre de 1945 al 11 de enero de 1968-  en el discurso de apertura de los Tribunales de 15 de septiembre de 1958, comentando la promulgación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional que se había publicado en ese mismo año, decía El Estado español es un Estado de Derecho…En España no tenemos el obstáculo de la división de poderes, que tanto dificulta la implantación de un sistema de fiscalización jurisdiccional de las leyes ordinarias…esa ausencia de división de poderes no era un requisito indispensable para que España se constituyese en un Estado de Derecho. Es indudable que el Estado Español es un Estado de Derecho

En la obra Jueces y Franquismo. El pensamiento político del Tribunal Supremo de la Dictadura,  para entender el papel encubridor y legitimador del régimen  franquista que jugó el Tribunal Supremo, de Francisco J. Bastida Freijedo, catedrático de Derecho Constitucional de Oviedo,  seleccionaba algunos párrafos de sentencias de dicha alta instancia afirmando para el TS, el Estado franquista era un auténtico Estado de Derecho: El  pretender que una organización como el Estado Español, constituida por autolimitaciones del poder en un auténtico Estado de Derecho, constreñido y mediatizado por una Ley Orgánica y unos Principios Fundamentales, de todo lo cual son sólida salvaguardia y garantía los Tribunales de Justicia, pueda ser tildado de dictatorial y carente de libertad, refleja un claro y ostensible propósito de desprestigiar la autoridad del Estado y perjudicar su crédito (St. Sala 2ª de lo Penal de  6/10/70). Por tanto,” las mendaces, inexactas, falsas, tendenciosas, mordaces, insidiosas ,y bastardas críticas y otras de parecido jaez”, conjunto de calificativos que dedica el TS al contenido de la propaganda y de la conducta de los procesados, zahieren al “ Estado, Régimen, Nación”, porque España es un Estado de Derecho y en ella no hay represión ni persecución ( Sts Sala Segunda de 28/6/68 y 13/10/73), ni se practica la tortura ( Sts Sala Segunda 30/9/70 y 22/1/73). Por el contrario, existe paz, libertad y respeto a los derechos humanos (Sts. Sala Segunda 29/10/69 y 26/1/70).

En los discursos pronunciados  por Valentín Silva Melero, jurídico militar durante la guerra civil, último de los Presidentes del Tribunal Supremo, en la sesiones solemne de apertura de los Tribunales de los años 1973 , hubo referencias expresas  El Estado de Derecho tiene el deber ineludible de hacer cumplir las leyes, pues la libertad solo cabe dentro de la ley, citando a Cicerón  <<Todos somos esclavos de la Ley, precisamente para ser libres>>  y en el de  1974 …parece desconocerse que precisamente el principio de división de funciones, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, exige que la jurisprudencia no desborde su misión de aplicar las leyes, puesto que exagerar el momento creativo de la jurisprudencia puede alterar el equilibrio de las funciones estatales, que es precisamente una exigencia democrática….pero no parece que la solución esté en arrumbar el principio de legalidad, que es una de las más fundamentales garantías del Estado de Derecho y para terminar, en el discurso de 1975, que llevaba el título Etiología y prevención de la delincuencia multitudinaria, decía en el mismo…sin olvidar el dato ciertamente sintomático de que estos brotes de contestación o rebeldía aparecen de un modo virulento precisamente para exteriorizar la protesta o disconformidad frente al estado, aún cuando este se configure dentro del sistema representativo con amplios cauces para canalizar la llamada voluntad popular, lo que invita a reflexionar acerca de si  las normativa legal ortodoxa responde a los anhelos de la sociedad actual o si se está produciendo una grave inadecuación entre los ordenamientos jurídicos y la realidad social, matizando la preocupación doctrinal por la llamada crisis del derecho y del Estado Moderno.

Las llamadas Leyes Fundaméntales no contemplaron nunca el Estado de Derecho.

Pese a las múltiples invocaciones y referencias realizadas por el propio Franco, sus ministros, sus magistrados, y fiscales del TS  y sus ideólogos, con diferentes motivos y en distintas ocasiones, la realidad cruda y dura es que al no existir una verdadera Constitución durante la larga duración de dictadura, habría de concluirse, de acuerdo con el art.º 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  de 1789 Toda sociedad en la cual, no esté establecida la garantías de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución.

En las denominadas ocho  Leyes Fundamentales promulgadas  y que fueron aprobándose en un largo periodo de más de treinta y ocho años: Fuero del Trabajo (1938), Ley Constitutiva de Cortes (1942), Fuero de los Españoles y Ley de Referéndum Nacional (1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), Ley Orgánica del Estado (1967), que modificó los aspectos fascistas totalitarios de las primeras y por último ya fallecido Franco en la Ley para la Reforma Política (1977) no se encuentra ni en sus respectivas exposiciones de motivos ni tampoco en el articulado de todas ellas ni una simple mención ni   referencia al Estado de Derecho, por el contrario en la primera  se calificó de Estado Totalitario, al igual que en uno de los iniciales 28 Puntos de la Falange. En todas ellas se mantuvo el principio de unidad de poder y diversidad de funciones. Identificar funciones con poderes, es una forma espuria de tergiversar el sentido y contenido de las palabras

En efecto, Franco conservó hasta su muerte, lo que Ángel Viñas ha denominado con cierta sorna el Füherprinzip “la suprema potestad  de dictar normas jurídicas con carácter general”, de acuerdo en los términos de  las denominadas Leyes de Prerrogativas, Decreto de 30 de septiembre  de 1936, Ley de 30 de enero de 1938 (Art. 7), Ley de 08 de agosto de  1939 (Art.º 17), Ley de Cortes de 1942 (Exposición de Motivos), Ley Orgánica del Estado de 1967 (Disposición Transitoria Primera), de todo  ello se desprende, que el régimen franquista no pueda ser considerado como  un Estado de Derecho.

Y resulta más que significativa que la octava de esas Leyes Fundamentales -La Ley para la Reforma Política-promulgada por la última de las legislaturas de las Cortes de la Dictadura y aprobada en referéndum de diciembre de 1976, convocado por Adolfo Suarez, tampoco se mencionase el Estado de Derecho, como si por el contrario se hacía en el primero de los tres Reales Decretos Leyes, por el que se creaba la Audiencia Nacional ( La seguridad jurídica de los ciudadanos es piedra angular del Estado de Derecho. Su consecución requiere la existencia de una Administración de Justicia independiente, técnicamente objetivada y adecuada funcionalmente para asegurar un proceso pleno de garantías y una decisión judicial pronta y justa…) que se publicaron en el  mismo BOE del 5 de enero de 1977, que la Ley Fundamental.

Ya lo advirtió el profesor Elías Díaz en el articulo Teoría General del Estado de Derecho  del Nº 131 de la Revista de Estudios Políticos, correspondiente a septiembre /octubre de 1963, donde realizó desde el punto de vista de la ciencia política y de los principios de la democracia una de las críticas más serias y razonada de la dictadura franquista, negándole en la práctica que pudiese autocalificarse como un Estado de Derecho.

Por la sencilla razón, decía el profesor Elías Díaz que de  dicho concepto y principio de la teoría política había sido una exigencia racional e histórica, para la protección de los derechos humanos  fundamentales, que se configuraba  con caracteres y requisitos (Imperio de la ley, División de Poderes, Legalidad de la Administración) propios de una sociedad pluralista y en cuanto tal, superadora de las formas, pasadas y presentes, de Estados absolutos, autoritarios y totalitarios.

Tampoco otras leyes ordinarias del ordenamiento jurídico de la dictadura contemplaron la posibilidad y existencia de un Estado de Derecho, como fueron el Código Penal de 1944 (Decreto de 23 de diciembre de 1944, aprobando el Texto Refundido) y sus sucesivas  reformas de 1963, 1967, 1973, ni el bloque de las leyes administrativas aprobadas en la década de los cincuenta, que supusieron una modernización en la caduca y obsoleta administración burocrática española,  como fueron la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 27 de diciembre de 1956, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 20 de julio de 1957, la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Tampoco  la Ley 42/1974 de 28 de noviembre de Bases Orgánica de la Justicia, que afortunadamente no pudo ser desarrollada, en la que se enunciaba el supuesto carácter independiente  de la Justicia, como nota diferenciadora y típica del ejercicio de la función jurisdiccional que determina la suprema garantía del normal ejercicio de los derechos proclamados en la Leyes Fundamentales, aunque se mantenía el funcionamiento de la Jurisdicción de Orden Publico y de los consejos de guerra.

En definitiva, pese a los múltiples intentos y referencias anteriormente analizadas-junto a otras que de momento no pueden ser incluidas –que se hicieron durante la dictadura, habríamos de coincidir con Julio Aróstegui,  en La represión como sistema, Edit. La Flor del Viento, Madrid 2011, el Estado y régimen político franquista no alcanzaron nunca esa representación legítima como un Estado de Derecho. Su origen mismo se lo impedía…Nunca pasó de ser un pseudo Estado de Derecho.

Acaba de aparecer y presentarse en Madrid el libro,  Geografía Humana de la represión franquista. Del Golpe a la Guerra de ocupación (1936-1941) Editorial Cátedra, 2017, cuyo autor el joven profesor e investigador Gutmaro Gómez Bravo, discípulo y colaborador de J.Aróstegui , mantiene  que el régimen del General Franco se estableció y evolucionó sobre la base históricamente demostrable, de un uso sistemático, permanente y con apariencia de legalidad de la coerción y de la represión…un sistema que tuvo la justicia militar su principal instrumento para intervenir en los asuntos públicos, mucho más que los estados de excepción…

Esa apariencia de legalidad en la represión y en la coerción  y su uso sistemático  y permanente lo fue no sólo a través de la jurisdicción militar sino también  de las otras Jurisdicciones Especiales de las Magistraturas de Trabajo,  la de  Responsabilidades Políticas, la de Masonería y Comunismo y por último la de los Juzgados  y Tribunal de Orden Publico.

Las Jurisdicciones especiales, los Jueces extraordinarios junto a las Leyes excepcionales configuraron esa apariencia de legalidad y de pseudo Estado de Derecho, que gozó de la las bendiciones y justificaciones  a posteriori del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del mismo sirvieron  en definitiva durante casi cuarenta años  de coartada legal amparadora del estado franquista.

portada libro elias diaz

Portadas de las ediciones de 1966 y 1975 de libro de Elias Diaz

Conclusiones

La pretensión de que el franquismo había ido evolucionando hasta constituir un Estado de Derecho no se sostiene ni puede mantenerse razonablemente, y el analizado  Decreto-Ley 10/1975 de 26 de agosto sobre prevención del terrorismo, sus contenidos y medidas represivas, que  retrotraían a los españoles a los inicios de las dictadura y sobre todo el funcionamiento de los mecanismos  de todos los aparatos del poder  y los efectos que produjeron de muertes y represión que supusieron, son y constituyen la mejor prueba de la tesis aquí defendida, no era posible que esos comportamientos públicos pudiesen tener la cobertura de un verdadero Estado de Derecho.

Lo cual nos lleva a compartir   una vez más, lo que el periodista e investigador Carlos Fonseca, afirma, en su indispensable obra Mañana cuando me maten. Las últimas ejecuciones del franquismo 27 de septiembre de 1975.Edit. La Esfera de los Libros, Madrid, 2015, pags. 16 y 17,…. Cometieran o no los delitos por los que fueron ajusticiados, la consulta de los dos mil folios de los procesos que se instruyeron contra ellos no deja lugar a la  duda: fueron víctimas de un simulacro de justicia que los sentenció antes de juzgarlos. Las pruebas fueron obtenidas mediante torturas o burdamente manipuladas y se les privó de las mínimas garantías de defensa. Lo suyo fue un asesinato legal sin paliativos. Si la pena de muerte es despreciable en sí misma, más aún lo es cuando en torno a ella se oficia una mascarada que intenta dotarla de legitimidad.

¿Fue alguna vez el régimen franquista un Estado de Derecho…? Segunda parte

Las familias políticas del régimen: falangistas, nacional-católicos y tecnócratas opusdeístas también propugnaron el Estado de Derecho.

De las diversas familias políticas que apoyaron y participaron del  régimen franquista, tres de las más importantes: falangistas, nacional-católicos y tecnócratas opus deístas mantuvieron de formas diferentes, la calificación a un supuesto Estado de Derecho en discursos y publicaciones editadas durante la dictadura, también posteriormente en relatos biográficos, que el Nuevo Estado salido del golpe y sublevación militar del 18 de julio  y de la cruenta guerra civil constituía en cierta medida un Estado de Derecho.

En el trabajo de Nicolás Sesma Landrín Franquismo, ¿Estado de Derecho? Notas sobre la renovación del lenguaje político de la dictadura de los años 60, en el Nº 5-Pasado y Memoria– de la Revista Historia Contemporánea, 2006, Pags. 45-58pone de manifiesto que la utilización de la idea del Estado de Derecho en España ya  tenía antecedentes en algunos representantes del falangismo y en el seno del nacional-catolicismo político.

Respecto a los primeros citaba a Ramón Serrano Suñer, quién mantuvo en diversas ocasiones que la superación de lo que él llamaba “Estado campamental” era la institución de un Estado de Derecho, entendido como un nuevo marco jurídico superador del caduco Estado Liberal e incluso, llegó a proponer  encuadrar el Movimiento Nacional en un régimen jurídico, eso es, instituir el Estado de Derecho.

Fue el propio Serrano Suñer, tras su llegada a Salamanca para colaborar con el primer Gobierno de Franco como Ministro del Interior quién expresó que para él estaba claro que después de terminar la guerra- si se quiere después de dos a tres años-había que ir a un régimen político organizado en la forma de un Estado de verdad de Derecho, en su libro de Memorias  Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue. Edit. Planeta, Barcelona 1977, Pag.151, lo que se corrobora en otra cita suya, ésta recogida de Entre Hendaya y Gibraltar (Noticias y reflexión frente a una leyenda), Ediciones y Publicaciones Españolas SA, Madrid 1947, donde se afirmaba después de reconocer que uno de los errores de los movimientos políticos autoritarios había sido el menosprecio y subestimación del Derecho… Sólo el Estado de Derecho, con el respeto a la ley, impuesto a gobernantes y gobernados, puede evitar la arbitrariedad. Un sistema de garantías jurídicas, es evidentemente una base de paz civil. Es un inmenso error aceptar la sinonimia o la equivalencia del Estado Liberal = a Estado de Derecho, porque el Estado Autoritario puede ser, ha de ser un Estado de Derecho.

Respecto al nacionalcatolicismo político y la entidad que los encuadraba la Asociación Católica de Propagandistas Nacional, también desarrollaron una propia concepción del Estado de Derecho y fue precisamente su máximo inspirador Ángel Herrera, quién en el Boletín mensual de la ACNP Nº 365 , correspondiente a febrero del año 1946, después de volver de un viaje a Italia – donde fue recibido por el Papa-, Suiza y Portugal explicitaba la doctrina  del movimiento católico sobre y su relación con la sociedad… Estado de Derecho para nosotros es ante todo respeto a la dignidad de la persona humana con todas sus consecuencias. Va implícita en ella la moderada libertad de que debe gozar el ciudadano en la sociedad. La reglamentación, prevista y garantizada por la ley, de esa libertad legitima.

De forma que la concepción del Estado de Derecho nacional -católico se sustentaba en dos dimensiones principales, las nociones del orden-autoridad y la idea del respeto a la dignidad de la persona humana, relacionada con el concepto tomista del Bien Común.

Laureano López Rodó importante personalidad política y paradigma del tercer grupo los tecnócratas opus-deistas , quién ya en 1936 en Barcelona iniciada la contienda se afilió junto a su padre en la entonces clandestina Falange y en 1937 en la Quinta Columna, según recoge, Antonio Cañellas Más autor de LLR, Biografía Política de un Ministro de Franco( 1920-2000) Edit. Biblioteca Nueva .

Fue el propio López Rodó en el prólogo de sus Memorias –Plaza & Janes-, Barcelona 1990, donde se omiten las anteriores referencias afirmar… Desde 1945 ejercí la docencia, a partir  de 1956, durante veinte y tres años ocupé diferentes cargos en la vida política española…aquella idea de servicio, entendida como un deber explica el porqué de mi actuación en la vida pública que persiguió dos objetivos principal: la construcción de un Estado de Derecho Monárquico y el desarrollo económico de España.

Resulta más que sintomática el olvido y omisión en dichas memorias a la publicación en el extranjero en noviembre de 1962 del informe de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra sobre El imperio de la Ley en España y la posterior furibunda respuesta por parte del gobierno español y de sus Ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Información y Turismo, Castiella, Iturmendi Bañales y Fraga Iribarne y la publicación de un vergonzante contra informe anónimo-ya que no se consignaban los autores de España Estado de Derecho.

También se omitió por  el propio López Rodó en el libro anteriormente mencionado de 1990, así como en la posterior  biografía realizada por Antonio Cañella Más en el 2011, que dada la condición de Procurador en Cortes en la  séptima legislatura (1961-1964) en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue designado por el Presidente de las Cortes Esteban Bilbao, el 1 de julio de 1963 entre los treinta y cinco Procuradores miembros que integraron la Comisión Especial para el estudio del anteproyecto de ley de creación del Juzgado y Tribunal de Orden Público , cuya composición y funcionamiento de la misma pueden ser cotejados en los capítulos  IV,V y VI del Tomo I-folios 218 a 318-, de la tesis El Tribunal de Orden Público-TOP- 1963-1977, trece años de represión política. 

Sin embargo, sí que hay una referencia expresa coincidente con la de Manuel Fraga Iribarne respecto a la reunión del Consejo de Ministros del 5 de abril (de 1963) en la que se estudió un proyecto de Decreto-Ley por el que se crearía el Tribunal de Orden Público, que habría de asumir la mayor parte de los asuntos que hasta entonces eran de la jurisdicción militar y que quedó pendiente de las observaciones de varios Ministros.

Resultó ser parcialmente cierta la primera parte , con la diferencia de que Fraga en sus Memoria Breve de una vida pública (Planeta 1979, afirmaba : Se aprueba al fin, el Decreto-Ley creando el Tribunal de Orden Público que descargó de la mayoría de asuntos a la jurisdicción militar, pero mintieron gravemente los dos políticos, pues la razón y justificación de posponer su definitiva aprobación fue que estaba pendiente de señalamiento inmediato la vista del Consejo de Guerra contra Julián Grimau, como así se demostró fijada para el 18 de abril, la simple publicidad de que se estaba tramitando o de que se había aprobado un Decreto Ley en dichos términos, habría llevado aparejado la automática suspensión del dicho  Consejo de Guerra  o en caso de haberse celebrado, la no ejecución del dirigente comunista, ya que la legislación por la que fue condenado resultaba derogada en ese proyectado Decreto-Ley.

López Rodo desde su cercanía al Vicepresidente del Gobierno Carrero Blanco y luego como Ministro fue el inspirador de leyes muy importantes a mediados de los años cincuenta y sesenta que tuvieron como finalidad la modernización e introducir una cierta racionalidad organizativa de la  casi esclerotizada Administración española y ese mérito no se le discute personalmente a él ni al grupo de tecnócratas que le ayudaron en dicha tarea..

Otra cosa diferente,  su concepción política sobre la legitimidad del régimen del 18 de julio y de todas sus instituciones, incluidas claro está la fascinación por las figuras del general Franco y del Almirante Carrero, su cerrada defensa del dogma de la unidad de poder y diversidad de funciones, el Movimiento Nacional y sus Principios inamovibles, junto a una manifiesta posición ideológica contraria a la división de poderes, anti liberal y anti constitucionalista , de los que podrían ser  muestras múltiples referencias de un libro suyo, con recopilación de discursos y conferencias pronunciadas desde 1956  Política y desarrollo editado por Aguilar en 1970, cuya segunda parte llevaba el título de La configuración del Estado Social de Derecho.

Del que ya resultaría  sintomático que figurase en sus inicios una fotografía del “protomártir”-que insertamos a continuación, con una dedicatoria manuscrita de Pilar Primo de Rivera. Pero es que además, las referencias contenidas en dicho libro se hacían sólo y expresamente a un Estado Social de Derecho- no se mencionaba el calificativo monárquico-, de ahí que, se explicitase dicho concepto… El Estado Liberal ha tenido que ceder paso al Estado Social de Derecho; es decir el Estado cuya acción persigue, dentro del mayor respeto al derecho, la consecución del bienestar social. De una actividad exclusivamente policial se ha pasado a una actividad de servicio público.

Dicho párrafo lo pronunció López Rodó el 15 de julio de 1958 en el discurso ante las Cortes, en defensa de la Ley de Procedimiento Administrativo, y al régimen le quedaban aún más de diez y siete largos años de intensas actividades policiales.

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En 1970, en la Universidad de Santiago de Compostela- de donde había sido catedrático de Derecho Administrativo-pronunció una conferencia con el título Nuevo Horizonte del Estado Social de Derecho. En la que se  afirmaba que la primera clave a su juicio   que el derecho administrativo antes que nada era el Derecho del Estado ya que sólo desde una visión unitaria del Estado puede alcanzar nuestra ciencia su auténtica dimensión en el ordenamiento jurídico

Franco como juez de competencias entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción militar de guerra.

En el Decreto de la Presidencia de Gobierno de 7 de abril de 1948, BOE de 16 de abril de 1948, conocido, citado y comentado por múltiples  investigadores e historiadores (Manuel Balbé , Ángel Viñas, Francisco Espinosa, Álvaro Dueñas…) ya que dicha disposición firmada por  el propio Franco, , resolvió un conflicto competencias entre un Juzgado de Instrucción de Tetuán y el Juzgado Militar Permanente Nº 2 de la zona Aérea de Marruecos, para dilucidar cuál de los dos era el competente para tramitar y juzgar   a varios individuos paisanos y militares por unos robos cometidos en establecimientos de Tetuán.

En el quinto de los considerandos de dicho Decreto, se decía: …Que la cuestión se reduce a declarar si subsistía el estado de guerra al cometerse los hechos en diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, supuesto inaceptable, por cuanto el Gobierno de la Nación  desde que terminó la guerra de Liberación en primero de abril de mil novecientos treinta y nueve ha venido dictando diversas medidas tendentes al restablecimiento de un estado de derecho más amplio que el de la guerra significa

Algunas referencias en discursos de Franco: En España existía un Estado de Derecho.

En el Mensaje del fin del año 1958 “No es un Estado de hecho, que tiene condicionada su licitud y legitimidad limitada por el tiempo necesario, para recuperar la normalidad alterada, sino que es el régimen históricamente normal y legitimo. Desde el primer instante es plenamente <<Estado de Derecho>> y como tal se asentó sobre aclamación, el plebiscito y la adhesión, asentimiento y el consenso del pueblo español.” (Viñas Ángel, La otra cara del Caudillo).

En el de fin del año de 29 de diciembre de 1960 “La vida política saludable de un pueblo civilizado y culto reclama igualmente un régimen de Estado de Derecho y no cualquier sistema de normas, sino precisamente de un derecho concebido para la realización y servicios morales del cristianismo (Pensamiento Político de Franco. Tomo I, Pág. 530. Ediciones del Movimiento, 1975).

En la apertura de la Séptima Legislatura de Las Cortes (1961-1964) que tuvo lugar los días 2 y 3 de julio de 1961, en el discurso de Franco con motivo del veinticinco aniversario del Movimiento Nacional, ABC-edición de Andalucía- lo reprodujo íntegramente en sus nueve primeras páginas, se decía :…El ordenamiento jurídico español salido de la guerra civil era fiel reflejo de <<un nuevo Estado de Derecho>>y las Cortes una pieza crucial en su pretensión de construir una sociedad vigorosa y libre, sobre la base de un <<Estado de Derecho fuerte y ágil>>.

En el pronunciado en Burgos el 2 de noviembre de1961 ante la representación de los tres Ejércitos, “Nació el régimen español no sólo como sustitutivo conveniente de otro régimen torpe, incapaz e inadaptado a la personalidad histórica de España y a sus necesidades… entregarse a los designios de Moscú, dejaban de existir los últimos restos del que se decía un Estado de Derecho.”

También el 8 de julio de 1964 en la apertura de la Octava  Legislatura  el discurso de Franco hacía alusión a la institucionalización del Estado de Derecho “Si interesante en todo momento la institucionalización y el perfeccionamiento de un Estado de Derecho, lo es todavía más el arraigo de las esencias políticas de nuestro pueblo y la permanencia de la cohesión y voluntad en la unidad de destino,…

Por último, con carácter categórico  el  30 de diciembre en el mensaje del fin de año 1970, Franco afirmaba “España constituye un Estado de Derecho, cuya acción política se ordena al bien común,…(Pensamiento Político de Franco. Tomo I, Pag.370).

Declaraciones de propósitos programáticas de tres diferentes Gobiernos de Franco 1957, 1962, y 1975.

No deja de ser sorprendente que hayamos localizado en tres diferentes  Gobiernos en sus respectivas declaraciones iníciales la cita de la construcción de un Estado de Derecho. Es precisamente Laureano López Rodó, en el capítulo de sus Memorias dedicado al año 1957 quién se atribuye personalmente, el primer político del franquismo que asumió como tarea fundamental de contribuir a la construcción de un Estado Social de Derecho  y luchar por el restablecimiento de la Monarquía, ya que el Alzamiento Nacional derribó al régimen republicano y tras once años de indeterminación, se había limitado en 1947, a declarar el estado constituido en Reino, pero no propiamente en Monarquía, pues admitía como fórmulas alternativa para la sucesión de Franco un Rey o un Regente.

De ahí que, recogiese que el Gobierno que siguió a la crisis de 1957, en el que entraron por primera vez Ministros tecnócratas del Opus Dei, en su primera declaración programática de 27 de febrero fijase como objetivos: la reforma administrativa del Estado, estimular la vida económica del país, asimismo intensificar el diálogo político con el pueblo a través de las instituciones ya creadas… y complementar el cuadro de las instituciones jurídicas y políticas propias del Estado de Derecho.

Antonio Iturmendi Bañales, Ministro de Justicia, en el discurso pronunciado con motivo de la solemne apertura de Tribunales el 15 de septiembre de 1964, se refirió a la Declaración de propósitos formulada por el Gobierno el 13 de julio de 1962: Dentro de los principios del Estado de Derecho en que España está constituida se perfeccionaran la organización y procedimientos de justicia, principio este que ha de regular toda la actividades de la sociedad y del estado.

La tercera, fue en el Gobierno de Arias Navarro, que tras la reacciones en el exterior de España a las últimas cinco ejecuciones en  septiembre de 1975,  entre las que se destacaron la retirada de diez y siete embajadores, trece de ellos de naciones  europeas  se dirigió por carta a los líderes de dichos países,  en la que achacaba  a las campañas de opinión de mala voluntad y unida a la defectuosa información había creado un clima de comprensión  y aún de aliento moral de las actividades delictivas, por lo que conviene se restablezca la verdad, tanto sobre los hechos ocurridos, como las medidas del Gobierno sujetas siempre a los principios que constituyen el Estado de Derecho. (Tusell Javier y Queipo de Llano Genoveva, en Tiempo de Incertidumbres. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición. Edit. Critica, Barcelona, 2003, Pág. 210).

Continuará

¿Fue alguna vez el régimen franquista un Estado de Derecho…? Primera parte

El pasado mes de julio fui invitado por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar a participar en un seminario  de los  Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, con el título  Morir matando. Memorias del antifranquismo, cuyo eje central eran los últimos cinco fusilamientos que llevó a cabo la dictadura franquista el 27 de septiembre de 1975.

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Juan José del Águila en la intervención del curso de San Roque

Mi intervención versó sobre El Decreto Ley 10/1975 de 26 de agosto sobre prevención del terrorismo (en adelante DL 10/1975) Norma encubridora de los cinco últimos fusilamientos- asesinatos  legales- y el  porqué la dictadura franquista nunca fue  un Estado de Derecho.

CURSO SAN ROQUE 1

CURSO SANROQUE 2

Introducción

A la memoria de los últimos cinco fusilados de la dictadura franquista el 27 de septiembre de 1975: Xosé Humberto Francisco Baena, José Luis Sánchez Bravo Solla, Ramón García Sanz, militantes del FRAP, José Paredes Manot “Txiqui” y Ángel Otegui Etxebarria de ETA.

…No todo Estado es Estado de Derecho. Es cierto que todo Estado crea y utiliza un derecho: todo Estado funciona con un orden jurídico, con un sistema normativo; hoy no cabe pensar un Estado sin derecho, sin orden jurídico, sin sistema de legalidad ( sistema de legalidad= existencia de un conjunto coherente de normas).Pero la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad en un Estado no autoriza a hablar sin más de un Estado de Derecho, un Estado dotado de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. No todo sistema de legalidad se configura como un Estado de Derecho. No todo Estado es Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual, que sólo lleva-a veces intencionadamente-al confusionismo. Díaz Elías, Teoría General del Estado de Derecho. Revista de Estudios Políticos, Nº 131, sep. /oct. 1963, Pags 21a 58.

…Hasta el momento mismo de la muerte de Franco, el régimen siguió siendo un Estado <<con>>Derecho no <<de>> Derecho lo que significó un amplio margen de arbitrariedad en manos del dictador, que impidió una efectiva separación y control entre poderes. (Giménez Martínez Miguel Ángel, El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales, sistema institucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2014. Pág. 50.

Las  citas de dos profesores españoles, el primero hoy ya catedrático emérito pionero en el estudio teórico de lo que debería ser un Estado de Derecho y el segundo un joven profesor autor de un admirable trabajo jurídico-político que disecciona con objetividad y rigor científico lo que fue la dictadura,  escritas con una diferencia de más de cincuenta años son lo suficientemente claras e ilustrativas, para que algunos de los posibles lectores del blog, aparte de una sonrisa irónica  pongan  una inmediata respuesta, a la interrogante, con la que se comenzaba esta nueva entrada al blog y que constituye una verdad histórica objetivable  la dictadura franquista nunca a lo largo de los casi cuarenta años que duró fue un Estado de Derecho.

Ello no quiere decir, que dicho criterio tuviera que ser compartido por muchas de las personas que participaron de forma directa en los órganos políticos y administrativos de la dictadura franquista, ni de los millones de españoles que fueron fieles a la misma y que aún superviven.

Por ello, lo que se busca con este trabajo desde un prisma de investigación de textos jurídicos  jurídico es poner de manifiesto, el contenido intrínsecamente perverso y sumamente represivo de esta postrer norma de la dictadura que llevó y posibilitó las últimas cinco penas de muerte del franquismo y al mismo tiempo destacar, el doble juego de  las diversas voces y escenarios de políticos, jueces, y  fiscales en las que, a pesar del carácter reaccionario y contrario a principios universales que establecía el  ordenamiento jurídico concreto vigente, pretendían hacer creer que esas normatividad impuesta coactivamente a todos los ciudadanos era absolutamente compatible con el concepto de Estado de Derecho.

Dos menciones al Estado de Derecho en la  exposición de motivos del DL 10/1975, de 26 de agosto y la Circular Nº 3 de 25 de septiembre de 1975 del Fiscal del Tribunal Supremo

Se transcribe más adelante la primera página  del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXVIII, Fascículo III, septiembre/diciembre, MCMLXXVen primer lugar, para destacar las dos referencias expresas que se hacían auto calificándose el régimen de Estado de Derecho y en segundo,  resaltar que al final de dicha página figura una nota con el asterisco “*“, por la que se pone de manifiesto, algo que resulta totalmente  inusual y sorprendente, en un Estado que se considerase de Derecho, lo que de por si descalifica a los leguleyos y rábulas que asesoraron al régimen hasta sus últimos instantes.

La Circular Nº 3, de 25 de septiembre de 1975 del Fiscal del Tribunal Supremo-calificada de interpretativa del DL 10/1975 de 25 de agosto sobre prevención del terrorismo- -esto es dos días antes de llevarse a cabo en Madrid, Burgos y Barcelona los cinco fusilamientos por  las cinco penas de muerte no indultadas impuestas en los cuatro consejos de guerra celebrados el 28 de agosto, 11,17 y 19 de septiembre con anterioridad a la fecha  que dicha Circular “ fuese declarada “materia reservada”, lo que implicaba, como termina diciéndose en la nota, la imposibilidad material de su  publicación y lógicamente de conocimiento público en general y muy especialmente para los abogados que asumieron la defensa de los procesados, por aplicación del principio universal reconocido  para todos los tipos de procedimientos penales de la  igualdad de armas procesales en la defensa y acusadores públicos de los procesados.

El texto completo de dicha Circular tras arduas tareas investigadoras lo localicé en un precioso DVD, con el título Memorias de la Fiscalía General del Estado 1883-2012, cuya carátula se reproduce a continuación y que constituye una indispensable fuente para el conocimiento y estudio de los orígenes y funcionamiento de una institución clave en el ordenamiento jurídico español, muy especialmente en la jurisdicción y ámbito penal como el Ministerio Fiscal, que se remonta al periodo medieval, pero que su perfil actual procede de los supuestos del Estado Liberal, que sientan las bases de la Justicia contemporánea, cuyo nacimiento se materializará en el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de  1835, para cristalizar en la Ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, promulgada como desarrollo de la Constitución de 1869 y en la que por primera vez se utilizó el término de Poder Judicial, como se informa en el folleto explicativo que se acompaña al referido DVD.

MEMORIAS FGTS

Carátula del DVD, Memorias de la Fiscalía General del Estado 1883-2012.Editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia en coordinación con la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. Publicaciones Oficiales del B OE. Madrid 2012.

Siguiendo las instrucciones del folleto (El contenido de las Memorias se refiere al periodo comprendido por el Año Judicial, que no coincide con el año natural y en consecuencia, para la localización de un año determinado, generalmente debe consultarse en el año siguiente), de ahí que, el texto completo de la Circular Nº 3 del 25 de septiembre de 1975 se encuentre al final de Memoria del Fiscal del TS correspondiente al año 1976.

En el discurso que pronunció el entonces Fiscal del Tribunal Supremo Antonio José Rodríguez Acosta en  la solemne sesión de apertura de Tribunales el 15 de septiembre de 1975, en el  apartado de Actividades subversivas y delincuencia violenta , después de equiparar las medidas gubernamentales adoptadas en Alemania para combatir el terrorismo,  como obligación de un Estado democrático de  Derecho la defensa de la vida humana y las instituciones legalmente constituidas, lo que no significaba contestar a la violencia con la violencia, sino que en circunstancias y casos extremos el Estado puede hacer uso de todos los medios legales a su alcance en la defensa de los ciudadanos, los cuales deberían participar también en la lucha contra el terror, junto a las instituciones policiales y judiciales.

Para a continuación y refiriéndose directamente a la situación española, afirmar que el principio de Estado de Derecho, comporta y requiere, igualmente el principio de autoridad y que ni uno ni otro serían posibles sin la asistencia de la sociedadLa seguridad jurídica obliga, por tanto, no sólo a quienes hacen las leyes y a quienes tienen por noble oficio aplicarlas y defenderlas, sino también y más principalmente en épocas turbulentas y de confusión como las nuestras a quienes se benefician de ellas.

La razón de elegir  el DL 10/1975, de 25 de agosto como tema de la charla-conferencia –, última de las muchas disposiciones represivas firmadas por Francisco Franco como Jefe de Estado- ,  acompañada en esta ocasión por la de  Carlos Arias Navarro como Presidente del Gobierno -era la constatación y sorpresa que en su día me llevé, cuando terminé de leer la extensa  exposición de motivos de la misma, en la que  por dos veces consecutivas se  consignaba y  daba por sentado, que en agosto de 1975 en España existía un Estado de Derecho.

E.M

Y más adelante, una segunda:…La justa irritación que los atentados terroristas provocan en la comunidad puede incitar a la propia sociedad a apetecer normativas legales y actitudes de gobierno que impliquen un freno al  natural desarrollo político  del Estado de Derecho.

Mi sorpresa se convirtió en estupor, cuando me puse a estudiar el tema y encontrar múltiples referencias en primer lugar rastreando la base de datos del BOE, en otras Exposiciones de Motivos de Disposiciones de carácter represivo, como fueron el Decreto- Ley 15/1970, de 14 de diciembre, por el que se  declaraba del Estado de Excepción quedando en suspenso en todo el territorio nacional y por el plazo de seis meses, la vigencia del art.18 del Fuero de los Españoles (Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial) lo que en la práctica era darle la más amplia carta blanca a la Brigada Político Social del régimen para practicar detenciones y registros domiciliarios en la más absoluta impunidad; en la Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación-en sentido agravatorio de las multas y la aplicación inmediata del  llamado arresto sustitutorio- de determinados artículos de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, en donde el Ministro de la Gobernación teorizó en su discurso en las Cortes franquistas sobre lo habría de entenderse por Estado de Derecho; en la Ley 44/1972, de 22 de diciembre, sobre aumento de cincuenta plazas en tres años  de las plantillas del Cuerpo de Abogados del Estado ; en la Ley 42/1974, de 28 de noviembre, de Bases, Orgánica de la Justicia  y también en el Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los  conflictos colectivos de trabajo.

Además de las anteriores citas en las exposiciones de motivos de diversos textos legislativos- casi todos ellos del último quinquenio de la dictadura- a la existencia de un  supuesto Estado de Derecho, localicé diversas referencias, que ponían de manifiesto, que tres importantes portavoces de las principales familias del régimen- falangistas (Serrano Suñer), nacional-católicos (Herrera Oria) y tecnócratas-opusdeístas  (López Rodó) sostuvieron públicamente y  ha sido recogido en sus diversas Memorias  que en España durante el franquismo hubo un Estado de Derecho.

Igualmente en las iniciales declaraciones programáticas de principios de tres de los gobiernos de Franco 1957, 1962 y 1975. También he localizado esa expresión referida al  Estado de Derecho en diversos discursos de Franco, algunos de sus Ministros, Presidentes y Fiscales del Tribunal Supremo, en las sesiones solemnes de la apertura de los tribunales.

Resulta imposible-dado el formato del presente blog- desarrollar al completo los anteriores extremos, a fin de poder sacar algunas conclusiones, fruto de la investigación, por lo que esta primera parte introductoria habrá de completarse en una posterior entrega.

Continuará próximamente.